Voy a empezar este artículo con una revelación:
En España existe la pena de muerte.
En España existe la pena de muerte sobre las personas inocentes, ingenuas, optimistas. Sobre todos aquellos que piensan que el Estado está ahí para protegerles, para velar por su seguridad, por su bienestar...
La pena de muerte se cierne sobre todos aquellos que piensan que aparecerá un policía que los salve cuando más lo necesiten, cuando el brillo de una navaja les sea mostrado en un callejón, cuando un intruso armado mancille su hogar y amenace a toda su familia.
Señores: la pena de muerte sonríe, perturbadora, sobre cualquier español de bien desarmado.
El malvado, el asesino, el violador siempre poseerá un arma: una pistola, una navaja, un cuchillo... Y la muerte por arma blanca es mucho más terrible que por la inclemencia de las balas.
Da igual que en España se prohíban las armas. Los asesinos siempre irán armados y, a los inocentes, se les tendrá vedado su uso.
El
derecho a la defensa es un derecho básico en todo ser humano que, aquí, en España, nos es conscientemente arrebatado por el Estado.
Un Estado monopolizador del armamento, de la seguridad, y completamente inútil en sus tareas.
Millares de personas muertas al año bajo la voluntad de asesinos y terroristas.
Y nadie dice nada. Nadie hace nada bajo el yugo impuesto tanto por los asesinos como por esta hipócrita Administración.
En Estados Unidos, en ese Estados Unidos, que los timoratos, sumisos y lacayos españoles ven a veces con espanto... En ese Estados Unidos admirable,
el derecho a la posesión de armas para la propia defensa es un derecho constitucional.
El malvado siempre encontrará un cauce, un arma para ofendernos. El inocente debería tener el derecho y la
capacidad para poder defenderse.
El origen de este incuestionable derecho estadounidense se remonta a los tiempos de la Guerra de la Independencia.
Gracias a que el pueblo llano poseía armas, pudieron librarse de la gruesa bota inglesa que orgullosa, les atenazaba.
La Constitución permitió, desde entonces, el derecho a la posesión de armas por si el nuevo país llegaba a ser invadido de nuevo y su ejército derrotado. Una descentralización de las defensas es la mejor forma de hacerlas imbatibles.
Pero la posesión lícita de armas confiere también otro tipo de libertad a los ciudadanos.
¿Se atrevería un dictador a hacerse con el poder cuando todo el pueblo está armado?
¿Se atrevería el Gobierno a imponer absurdas leyes, sin el consentimiento popular a través de referendos, u opresores y vampíricos impuestos, insaciables, destinados a ser tirados por el sumidero del desperdicio, del malgasto, como en España ocurre...?
Seguramente no.
Pero en un país de sumisos, de lacayos que sólo aspiran a ser gobernados, y nunca a gobernar por ellos mismos, como es España, hablar de la posesión legal de armas, es hablar de la libertad y de la responsabilidad.
Y
el español no quiere ser ni libre ni responsable.
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